Las relaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la jerarquía de la Iglesia católica en Nicaragua atraviesan un momento delicado.

El capítulo más reciente fue el arresto, el pasado viernes, del obispo Rolando Álvarez, la última voz abiertamente crítica con el gobierno del país centroamericano, que actualmente está en reclusión domiciliaria.

Según explicó en un comunicado, la Policía Nacional de Nicaragua acusa al obispo de Matagalpa, de 55 años, de “organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía de la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, cargos que él niega.

Monseñor Álvarez era conocido por denunciar violaciones de derechos humanos del gobierno de Ortega, cuya deriva autoritaria ha sido objeto de críticas de instituciones y organismos internacionales en los últimos años.

Otro obispo crítico con el gobierno, Silvio Báez, se exilió en 2019 después de recibir varias amenazas de muerte.

Qué ocurre en Nicaragua

Tras un primer mandato presidencial a mediados de los 80, Ortega recuperó el poder en 2007 y, desde 2017, lo acompaña como vicepresidenta su esposa, Rosario Murillo, con quien gobierna en una peculiar dupla.

Las pasadas elecciones de noviembre de 2021, que Ortega ganó con el 75% de los votos, se celebraron con siete candidatos opositores en la cárcel y denuncias de fraude por parte de organismos internacionales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado torturas y otras violaciones de derechos humanos de las autoridades nicaragüenses en los últimos cuatro años, así como el encierro de más de 190 presos políticos, parte de ellos en crueles condiciones.

Ortega, respaldado por los gobiernos de Cuba y Venezuela, calificó estas acusaciones de “inventos” dentro de una campaña para “darle mala fama a Nicaragua frente a organismos internacionales”.

También acusó a los obispos del país de “tomar partido”, estar comprometidos con los “golpistas” y de haber promovido la creación de “sectas satánicas”.

La relación entre Ortega y la Iglesia

En este contexto, la relación entre el gobierno y la jerarquía católica se encuentra en un punto complicado.

“Ortega ha golpeado a la Conferencia Episcopal de Nicaragua en sus dos alfiles principales: al alfil estratega, el obispo Báez, lo exiliaron. Y al alfil organizador, el obispo Álvarez, lo tienen preso”, le dice a BBC Mundo el sociólogo y analista político nicaragüense Oscar René Vargas.

Además, en el último año y medio las autoridades expulsaron del país al nuncio del Vaticano y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, encarcelaron a siete sacerdotes y clausuraron varias emisoras de radio católicas.

La Iglesia católica ha recibido casi 200 agresiones entre abril de 2018 y mayo de 2022 en Nicaragua, según un informe de la ONG Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción.

El politólogo Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, considera que Ortega “siempre ha sido un individuo anticlerical, como se demostró en su persecución a la Iglesia católica en los años 80 durante la revolución sandinista”.

“Como cualquier líder autócrata, todo lo que va en contra del culto a su persona es una amenaza. Y la fe religiosa en Nicaragua predomina por encima de cualquier otro tipo de culto”.

Pese a que ha perdido el monopolio de la fe frente a los pujantes grupos evangélicos, la Iglesia católica sigue siendo la institución más influyente en este país caracterizado por la marcada devoción religiosa de sus 6,6 millones de habitantes.

Así, destaca el politólogo, en la primera década de este siglo Ortega suscribió una “alianza táctica” con las autoridades católicas del país, cuya influencia sobre la sociedad nicaragüense le ayudaría a -o al menos no le impediría- ganar votos en las elecciones de 2007 y posteriores.

Los cambios de 2018

Las protestas de abril de 2018 en Nicaragua marcaron un punto de inflexión en las relaciones entre el gobierno y la Iglesia católica.

Una polémica reforma del sistema de pensiones motivó protestas callejeras masivas, que el gobierno consideró parte de un intento de golpe de Estado.

La represión de las fuerzas de seguridad y civiles armados afines al sandinismo dejó 200 muertos reconocidos por el gobierno, 328 contabilizados por la CIDH y más de 650 según organizaciones civiles.

ambién hubo unos 2.000 heridos y se encarceló a 1.600 personas, según la CIDH.

La Iglesia católica nicaragüense prestó apoyo a los manifestantes, que encontraron en la catedral de Managua refugio ante la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad.

Su máxima autoridad, el cardenal Leopoldo Brenes, se erigió como mediador del fallido diálogo entre las partes y denunció enérgicamente la persecución de Ortega a la Iglesia, lo que lo puso en el punto de mira de las autoridades.

El presidente endureció su retórica contra los eclesiásticos, a quienes en varias ocasiones ha llamado “golpistas” o “terroristas”.

Tres años después, sin embargo, hya quienes acusan al cardenal de haber suavizado su postura frente al gobierno, a quien ha dejado de condenar abiertamente pese a los últimos acontecimientos, como el arresto del obispo Álvarez la semana pasada.

A principios de agosto Brenes demandó a las autoridades “detener todo acto de violencia contra la Iglesia, los sacerdotes y la feligresía”, si bien remarcó: “no somos enemigos del gobierno”.

“La Iglesia está dividida sobre qué actitud tomar en relación al régimen, y el cardenal juega a ese papel, el de mantener la relación”, opina el analista Oscar René Vargas.

Vargas afirma que la jerarquía de la Iglesia católica en Nicaragua está dividida y parte de ella opta por cuidar los lazos con el gobierno en un momento en que los evangélicos ganan terreno amparados por el presidente.

“La mayoría de denominaciones protestantes, al igual que en Brasil están a favor del presidente Jair Bolsonaro, aquí apoyan a Ortega. Para competir con esa realidad, varios obispos del país quieren mantener una relación estrecha con Ortega”, indica.

Remarca, además, que “la historia de la Iglesia católica en Nicaragua ha sido estar cerca del poder”.

La Iglesia mantuvo una relación cercana con la familia Somoza, que ejerció el poder autoritario en Nicaragua entre 1936 y 1979, y en general cooperó con el sandinismo en las décadas posteriores pese a algunas divisiones internas entre los sectores conservadores y los izquierdistas más afines a la Teología de la Liberación.

Qué dice el Papa

El Vaticano y el papa Francisco han mantenido una polémica actitud de reserva hacia las denuncias de persecución a la Iglesia católica en Nicaragua.

Finalmente el pontífice se pronunció este domingo.

Pidió a Dios con intercesión de “la Purísima” -Inmaculada Concepción de María, patrona de Nicaragua- un “diálogo abierto y sincero” para “encontrar las bases de una convivencia respetuosa y pacífica”.

Sus declaraciones fueron decepcionantes para quienes denuncian la represión.

“No mencionó los ataques a la Iglesia ni el arresto del obispo Álvarez ni de los 11 sacerdotes encarcelados. Pareciera que se refiere a otro país y no al nuestro”, lamenta Vargas.

El politólogo Manuel Orozco también considera insuficiente la intervención del Vaticano en el conflicto con el gobierno nicaragüense.

“El desaliento de muchos católicos en Nicaragua y América Latina por el silencio del Papa sobre Cuba y Nicaragua le está costando una pérdida de fieles, lo que es una táctica bastante errada en un momento en que la Iglesia católica trata de recuperar seguimiento en todo el mundo”.

Orozco asegura que la indolencia del Vaticano y el cardenal Brenes ha puesto a los ciudadanos nicaragüenses “entre la espada y la pared”.

“Por un lado reconocen la injusticia frente a un régimen opresor y el maltrato a la Iglesia, pero por otro son muy fieles a la jerarquía católica. Están maniatados por la lealtad al cardenal Brenes”, considera.

“La pregunta es cuánto va a durar esa tolerancia frente a las injusticias que existen en Nicaragua”, apunta.

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