La crisis política y social en Ecuador se acrecienta. En el duodécimo día de protestas en contra de Guillermo Lasso, se siguen contando víctimas mortales y centenares de heridos. Las convocatorias al diálogo entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que lidera la manifestación, no se han concretado. Al mismo tiempo, las jornadas se han vuelto más violentas. En medio del caos, el correísmo ha anunciado su intención de destituir al Presidente y convocar a elecciones anticipadas. La bancada de legisladores afín al ex presidente Rafael Correa busca activar la “muerte cruzada” en el congreso, pero aún necesitan votos.

La muerte cruzada es el nombre con el que se conoce a una disposición de la Constitución del país andino que consiste en la facultad del presidente de la República como de la Asamblea Nacional para interrumpir el periodo de funciones de los legisladores y del jefe del Estado, y de convocar a elecciones generales para la reposición de estos cargos en acefalía. Esta figura constitucional se incorporó al orden jurídico ecuatoriano a partir de la reforma política que expidió la Constitución de 2008, convocada entonces por el ex presidente Rafael Correa.

Desde el 13 de junio, cuando empezó la protesta indefinida convocada por la Conaie, nuevamente empezó a escucharse sobre la “muerte cruzada”. Esta no es la primera vez durante el mandato de Lasso en el que se plantea a ese mecanismo como una solución. Antes ya se discutió sobre esta opción, pues Lasso no tiene los suficientes legisladores en el Congreso para ejecutar su agenda de gobierno y sin un operador político que logre tender puentes entre la Legislatura y el Ejecutivo, la disolución anticipada de poderes se presentaba como el mejor mecanismo para que Lasso gobierne a través de decretos, en tanto se convocaran nuevas elecciones, pero el presidente se negó a utilizarlo.

Con la crisis que actualmente vive el Ecuador, en más de una ocasión, Rafael Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana y asilado en Bélgica, ha expresado en su cuenta de Twitter la necesidad de que se aplique esa figura constitucional.

Por ejemplo, hace tres días, Correa se refirió a un enfrentamiento entre civiles y manifestantes en Quito y señaló “Precisamente para evitar estas tragedias se incluyó en la constitución la anticipación de elecciones –muerte cruzada–. Resolvamos esto con votos y no con balas”. La última frase de Correa, este viernes, se ha convertido en el hashtag #VotosNoBalas con el que los legisladores correístas han anunciado que empezarán el proceso para la disolución anticipada de poderes. A pesar de que han dicho que “ponen sus cargos a consideración”, necesitan 92 votos para lograr destituir al Presidente y convocar a elecciones, pero por ahora solo tienen 49.

El abogado especializado en Derecho Constitucional, Gustavo Muñoz, explicó en sus redes sociales que la bancada correísta puede iniciar con el procedimiento de la muerte cruzada, que implica presentar una solicitud para que se convoque al pleno del congreso en 24 horas. En esa sesión, el presidente sería convocado para que pueda defenderse, “si no va se sigue el proceso en rebeldía. Posterior a ello, se abre el debate y se resuelve con 92 votos”.

El jueves, 23 de junio, parecía que el diálogo empezaba a concretarse. El gobierno anunció que permitiría a la Conaie reunirse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el centro norte de Quito, para que celebren una asamblea. La policía, que había tomado control del centro cultural, que tradicionalmente ha sido un punto de resguardo para las luchas sociales, permitió que una marcha pacífica liderada por Leonidas Iza, presidente de la Conaie, llegara al lugar. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que ese acto era un mensaje del gobierno nacional en pos de la paz. Esto, para muchos analistas políticos y actores de opinión, significaba la esperanza de que el conflicto pueda resolverse.

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