Una serie de disturbios en las cárceles de Ecuador ha dejado como saldo más de 280 reclusos muertos y cientos de heridos este año. Sólo en un estallido de violencia el mes pasado en una prisión de Guayaquil, 62 presos murieron y 44 resultaron lesionados.

Dos expertos* de la ONU en derechos humanos urgieron este lunes a las autoridades del país a tomar medidas inmediatas para evitar más pérdida de vidas en esos centros penitenciarios.

En un comunicado conjunto, los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales y sobre tortura, Morris Tidball-Binz y Nils Melzer, manifestaron gran preocupación por los incidentes y alertaron del riesgo de que vuelvan a suceder.

“Deben adoptarse medidas urgentes y eficaces para evitar una mayor matanza”, apuntaron.

Además, llamaron a investigar con celeridad e imparcialidad los acontecimientos para para establecer las circunstancias de las muertes y, en caso de violaciones, enjuiciar a los responsables.

Motines múltiples

Los relatores especiales se refirieron específicamente a la Penitenciaría El Litoral, cerca de Guayaquil, donde el 12 de noviembre pasado al menos 62 internos murieron y 44 resultaron heridos.

Ese fue el cuarto motín en esa prisión este año. Unos días antes, cuatro reclusos fueron asesinados a tiros durante enfrentamientos dentro de las salas. En septiembre, en el motín más sangriento jamás registrado en Ecuador hubo 118 reclusos muertos y más de 80 heridos. En julio, ocho personas murieron durante un alzamiento en la misma prisión y trece en otro. Casi 80 presos más murieron en incidentes a principios de 2021.

Diversos factores

Los expertos listaron una serie de factores que podrían estar detonando la violencia carcelaria: el hacinamiento debido en gran parte a una política muy punitiva de “guerra contra las drogas”, recortes presupuestarios y falta de personal capacitado para la rehabilitación social.

La disponibilidad de armas, la violencia entre bandas rivales y la separación inadecuada de los reclusos en las cárceles también han agravado los problemas en las cárceles.

Tidball-Binz y Melzer señalaron que las investigaciones médico-legales realizadas concluyeron con informes confusos sobre el número de muertos, que las autoridades reportaron primero en un total de 68 cadáveres y luego 62 reclusos fallecidos. Esta discrepancia es una fuente de sufrimiento adicional para los familiares de las víctimas.

Obligación de las autoridades

“Las autoridades que tienen la obligación de proteger la vida y la integridad física de todas las personas detenidas”, recalcaron los expertos.

Agregaron que ese deber incluye investigar las muertes según los más altos estándares y subrayaron que no hacerlo equivale a la privación arbitraria de la vida, al igual que a tortura y otros malos tratos de los que son responsables las autoridades.

Los relatores instaron al gobierno ecuatoriano a tomar provisiones concretas para aliviar el hacinamiento, prevenir el acceso de los reclusos a armas, promover el uso de medidas alternativas al encarcelamiento y garantizar el estricto cumplimiento de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre el Tratamiento de los Reclusos de 2015.

“Los enfoques basados ​​en derechos humanos deben estar en el centro de la gestión y reforma penal y penitenciaria”, recordaron.

Acabar con el autogobierno en los lugares de detención

El comunicado de Tidball-Binz y Melzer complementó el llamado del Comité contra la Tortura** y el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU*** del jueves pasado, que pidieron a las autoridades de Ecuador implementar las acciones necesarias para evitar más enfrentamientos violentos en las prisiones.

Los integrantes de esos órganos enfatizaron que Ecuador tiene la obligación de garantizar la seguridad dentro de sus cárceles.

Claude Heller, presidente del Comité contra la Tortura, detalló que eso implica brindar una formación adecuada a un número suficiente de funcionarios de prisiones y establecer “estrategias dirigidas a reducir la violencia entre los reclusos”.

Por su parte, la presidenta del Subcomité para la Prevención de la Tortura consideró que los acontecimientos dejan claro que las autoridades de Ecuador “no han logrado establecer en el país un sistema de prevención de la tortura que funcione”.

“Además de abordar la sobreocupación y poner fin al autogobierno en los lugares de detención, el Estado debe dotar al mecanismo nacional de prevención de la tortura de los recursos necesarios para que pueda cumplir sus funciones debidamente”, dijo Suzanne Jabbour.

El Subcomité programa una visita a Ecuador en los próximos meses con la intención de apoyar la labor del mecanismo nacional de prevención y ofrecer recomendaciones a las autoridades del Estado.

*Los relatores especiales y los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y seguimiento del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo.

Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

**El Comité contra la Tortura supervisa la adhesión de los Estados partes a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que hasta la fecha cuenta con 173 Estados partes. El Comité está compuesto por 10 miembros que son expertos/as imparciales e independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo, que prestan servicios a título personal y no como representantes de los Estados partes. Las observaciones finales del Comité son una evaluación independiente del cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del tratado.

***El Subcomité tiene el mandato de prevenir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las personas privadas de libertad, mediante visitas y recomendaciones a los Estados partes del Protocolo Facultativo. El SPT comunica sus recomendaciones y observaciones a los Estados mediante un informe confidencial y, cuando es necesario, a los mecanismos nacionales de prevención. Sin embargo, se alienta a los Estados partes a solicitar que el SPT publique los informes. El Subcomité está integrado por 25 miembros que son expertos/as independientes e imparciales en derechos humanos procedentes de todo el mundo, que prestan servicios a título personal y no como representantes de los Estados partes.

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