La posibilidad de que un expediente de la Contraloría termine en alguna sanción para los asambleístas se ve lejana. La información está en la Comisión de Fiscalización.

Después de que la Procuraduría General del Estado absolviera una consulta de la Contraloría sobre el sigilo de esta información, el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (Ind.), anunció que abrirá “expedientes individuales para poder descubrir el fondo” de esta situación.

A través de un comunicado, la Asamblea señaló que “los indicios de responsabilidad penal son meras presunciones que no constituyen certezas ni, peor aún, sentencias de infracción alguna, mientras no se investigue y de encontrarse responsabilidad se sancione”.

¿El Parlamento tiene herramientas para llevar a una sanción? No. En eso coinciden la directora del Instituto de Estudios Legislativos, Libia Rivas, y la experta en derecho administrativo Adriana Rosas.

La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa estipulan, entre otras causas, una sentencia condenatoria ejecutoriada para la pérdida del cargo de los asambleístas.

En estos casos no podría actuar la Asamblea, “porque en principio no hay incumplimiento por parte de los asambleístas”, explica Rosas.

En el caso de los informes de responsabilidad penal (IRP), solo podrían perder sus curules después de haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos contra la administración pública, como cohecho, peculado, concusión o enriquecimiento ilícito.

Mientras que, agregó Rosas, los casos de responsabilidades administrativas o civiles no son causales de destitución, aunque de por medio existan glosas ratificadas con sen­tencia del Tribunal Contencioso Administrativo.

“Así, los asambleístas todavía podrían articular todos los mecanismos para las defensas que sean necesarias en estos temas con la Contraloría, pero a nivel de la Asamblea yo no veo qué podría hacer con esto”, concordó Libia Rivas.

En el listado remitido por la Contraloría aparecen ocho asambleístas con glosas confirmadas debido a gestiones anteriores como alcaldes, prefectos u otro tipo de cargos en el sector público. Entre ellos están los ahora asambleístas de Pachakutik Guadalupe Llori y Salvador Quishpe; Jorge Abedrabbo, del PSC y aliados; y Dalton Bacigalupo (ID).

Llori tiene un expediente por gastos en remuneraciones, viáticos y pasajes cuando ocupó la Prefectura de Orellana. “Las glosas no significan robo. Es un proceso donde se puede justificar o pagar y subsanar”, adujo en un conversatorio.

Quishpe, por su lado, dijo no estar sorprendido por cuatro expedientes por la ejecución de obras viales en la Prefectura de Zamora Chinchipe.

“(Fueron) cuatro demandas por peculado puestas por el correísmo, utilizando la Contraloría, la Fiscalía; utilizando a los jueces”, argumentó.

Por su parte, Abedrabbo señaló que “lo importante ahora en este momento es no hacer un show mediático del tema, (y) entregar información”.

Pero dijo que “no se puede jugar” ante la posible estrategia para desacreditar al Parlamento.

El asambleísta tiene dos expedientes por la contratación de bienes servicios e insumos médicos por pandemia en la Prefectura de Bolívar y por una declaración patrimonial jurada. De este último aseguró que aún no ha sido notificado.

Bacigalupo, por su parte, señaló que el informe de la Contraloría alude a su gestión como presidente de la ID hace 11 años, por un supuesto peculado en el manejo del fondo partidario que, en su momento, desvirtuó ante la Fiscalía.

Responsabilizó de lo ocurrido al excontralor Carlos Pólit. “Nunca se nos convocó para conocer el borrador de observaciones”, adujo.

Otros 16 expedientes aluden a IRP de legisladores actuales. Pabel Muñoz, del correísmo, tiene uno por presuntas irregularidades en la utilización de un avión de Tame, empresa pública en liquidación. A su juicio, fue una “glosa dolosa”, de la que presentó sus descargos.

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