Son seis las acusaciones que debe responder Pablo Celi de la Torre, exfuncionario de la Contraloría que asumió ilegalmente la función de Contralor Subrogante. Justamente una de las causales del juicio político tiene que ver con la arrogación de funciones al ejercer un cargo público que no le corresponde, vulnerando el artículo 229 de la Constitución y el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría.

La segunda acusación se refiere al incumplimiento de funciones al dejar en la indefensión al Estado al no haber determinado las responsabilidades correspondientes en contra de la empresa Odebrecht, lo cual ha impedido que las autoridades correspondientes puedan seguir los procesos penales pertinentes y se ha impedido, por lo tanto, que se ejecute una posible reparación integral a favor del Ecuador para recuperar los dineros que son producto de actos de corrupción.

Una tercera acusación se refiere a la inobservancia del artículo 31 numerales 5 y 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado al adjudicar un contrato de publicidad a favor de la empresa HDC Producciones, previamente cuestionada por la propia institución, donde además se vulneraron los términos de referencia, privilegiando de manera ilegítima a su gerente principal Daniel Salcedo, hoy procesado por presuntos actos de corrupción.

Extralimitarse en sus funciones al interferir en las competencias de la Función Electoral es la cuarta acusación, y tiene relación con una supuesta pretensión del contralor subrogante de constituirse en un tribunal de alzada al tratar de revocar un acto administrativo del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la inscripción de los movimientos políticos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo y Justicia Social.

El quinto elemento acusatorio también se refiere a la Función Electoral, pero se advierte de una interferencia en el proceso electoral, pues Pablo Celi pretendió obstaculizar e interferir en el proceso electoral, al solicitarle al Consejo Nacional Electoral que proceda a una auditoría de la plataforma tecnológica para el escrutinio electoral de segunda vuelta electoral.

La última acusación se refiere al caso de delincuencia organizada, donde el contralor subrogante habría incumplido funciones establecidas en el artículo 212 de la Constitución, los artículos 22 y 24 de la Ley de Servicio Público, que obligan a la Contraloría a determinar responsabilidades civiles, penales y administrativas por el manejo de recursos públicos; pero según el interpelante, el contralor subrogante habría procurado desvanecer glosas por alrededor de $ 13 millones en la trama de corrupción en Petroecuador EP, conforme se desprende de la investigación llevada adelante por parte de la Fiscalía General del Estado por la presunta participación delictiva en el cometimiento del delito de delincuencia organizada.

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