«Soy un hombre de oficio con experiencia de 11 años -no estás contratando un simple gatillero- aquí se planifica y ejecuta. Se cuida que usted por ningún motivo pueda resultar involucrado», dice un anuncio en internet sobre «servicios de sicarios» en Ecuador, que aunque ya ha caducado, el correo electrónico y el número telefónico del ofertante continúan en la web.

Y no es el único. En las redes sociales también hay páginas y perfiles que anuncian dicho delito en el país. Hay unos que incluso muestran fotos de armas y municiones, además de números celulares. Otros, en cambio, tienen la opción de contactarse con ellos por privado, a través de la mensajería instantánea.

‘Sicarios en Ecuador’, ‘sicarios profesionales’, ‘killer (asesino)’, ‘matones’, ‘asesinos a sueldo’ son parte de las palabras o frases con las que se los encuentra.

Otros ofrecen viajar o contactar a sus “amigos” nacionales para realizar los ‘trabajos’ pactados.

Y pese a que en Ecuador solo el hecho de publicitar u ofertar el sicariato está penado desde el 2014, con prisión de cinco a siete años, este continúa, al igual que este ilícito que va en alza en el país y que ha cobrado la vida de al menos diez personas en los últimos 15 días.

Una de las víctimas recientes fue el actor y presentador de televisión Efraín Ruales, del canal Ecuavisa, asesinado el pasado 27 de enero en Guayaquil mientras iba en su carro con vidrios blindados. El 31 mataron a tiros a Raúl Humberto Cervantes Reyes, en Tarqui, Manta (fue el tercer crimen al estilo sicariato en ese mes en Manta).

La tarde del 3 de febrero, Christian Izurieta Bohórquez, un empresario guayaquileño, fue asesinado con al menos seis tiros cuando se bajó de su carro, con vidrios blindados, para comprar artesanías en La Pila, Montecristi, Manabí. Y en la noche de ese día, Julio Gilberto Abad también fue asesinado al estilo sicariato, en Santo Domingo. Estos son parte de los casos, pues la lista es larga.

En Ecuador, la pena por sicariato es sancionada con prisión de 22 a 26 años tanto para el que ejecute (o mate) como para el que encargue u ordene, de forma directa o por intermediación. Esta pena puede llegar hasta 40 años en caso de circunstancias agravantes estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La figura del sicariato fue reconocida como delito en el 2014 con el COIP que entró en vigencia en ese año.

«Sicariato.- La persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años», reza el artículo 143 del COIP sobre este delito.

Antes, en el antiguo Código Penal (artículo 450), era parte del asesinato cometido por “precio o promesa remuneratoria”. Y su sanción era de 16 a 25 años. Esto pese a que en la Constitución de la República (del 2008) también se hablaba expresamente de sicariato.

Este delito como tal se daba incluso antes de ser penado como sicariato en la legislación ecuatoriana y empezó a desarrollarse y extenderse hace unos 40 años, de la mano con el narcotráfico, la guerrilla y la delincuencia armada que se vivía en Colombia y que se introdujo también en el país, citan ensayos y analistas en seguridad consultados.

«El problema es que el sicariato se constituye en una especie de fenómeno, así sea de forma frecuente, es cuando se busca solucionar conflictos sociales a través de mecanismos paralelos… No es una práctica nueva, lo que pasa es que de una u otra forma lo que ha hecho el crimen organizado, como el narcotráfico, una actividad altamente lucrativa, (es poner) ‘mecanismos de regulación’”, cuenta Daniel Pontón, analista en seguridad y docente de la Facultad de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

Agrega que para la delincuencia, el sicariato que se ofrece como un instrumento del crimen organizado genera otra problemática, pues hay una especie de ‘carrera profesional’ en la sociedad que se pone a disposición de la ciudadanía, “como un servicio para ajustar cuentas, conflictos”.

Ricardo Camacho Zeas, analista en seguridad, dice que al sicariato hay que tenerlo bajo control en Ecuador, aunque aún no es un problema “tan grande como parece, porque no afecta (en mayor medida) a los civiles ecuatorianos”, como en México, donde los sicarios por buscar a la víctima o a su objetivo mataban a los civiles que se encontraban en el sitio o que se cruzaban en el camino.

Y pese a que en Ecuador está tipificado el delito del sicariato no hay ni se publican cifras exactas sobre este ilícito, sus detenidos, las fases de sus procesos, entre otros.

En las cifras del Ministerio de Gobierno se incluyen a los casos de sicariatos y otras muertes violentas como parte de los homicidios intencionales (basando en clasificación internacional de delitos con fines estadísticos de la ONU contra la droga y el delito 2015).

Así, desde enero del 2014 hasta diciembre del 2020 se registran 7.839 homicidios intencionales en Ecuador. Y de estos, 1.361 se dieron en el 2020 frente a los 1.188 del 2019 (se excluyen los femicidios), pese a que el año pasado hubo cuarentena y aislamiento por la pandemia del COVID-19.