A diferencia de hace 40 o 50 años, cuando en el río El Zarza había una infinidad de peces, Betty Castillo lamenta ver que hoy algunos peces aparezcan muertos. Ocurrió hace dos meses, en julio pasado, y ha sido cada vez más frecuente en los últimos cinco años en esta comunidad del cantón Yantzaza, en Zamora Chinchipe.

“Han envenenado el río dos veces, no sabemos quiénes; el río a veces se ve cristalino, otras veces el agua está turbia, ya no nos podemos bañar en el río como hacíamos antes”, cuenta Betty Castillo.

Ella es una de las primeras mujeres que se asentó, allá por los años 70, en este poblado conformado hoy por una treintena de familias, y que se ubica en los alrededores del refugio de vida silvestre El Zarza, parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El Zarza es una de las seis comunidades que rodea al proyecto minero Fruta del Norte, asentado en la parroquia Los Encuentros, en Yantzaza. Su etapa de exploración arrancó en el 2006 y diez años después se firmó con la empresa canadiense Lundin Gold un acuerdo de explotación que le promete rentas al Estado por $3.160 millones hasta el 2034. En noviembre del 2019 empezó la producción de oro y plata.

A diario, por dos túneles subterráneos, entran y salen camiones cargados con 3.500 toneladas de material rocoso, de las que, con técnicas de descomposición, se consigue el metal brillante para exportación y su posterior refinación.

Un análisis de la Contraloría a este proceso determinó 12 irregularidades, 8 ambientales, en el manejo del proyecto Fruta del Norte, desarrollado por Aurelian Ecuador S. A. Entre ellas reveló la contaminación del río Machinaza con niveles de hierro y cobre que superaron –en el 805% y el 230%– la línea base fijada en el estudio de impacto ambiental del proyecto. El monitoreo se realizó entre enero y abril del 2017.

A la Contraloría, Lundin Gold le respondió que el aumento de los niveles de esos metales por encima de lo permitido “se debe a las condiciones naturales del río Machinaza” y que la presencia de otros minerales como plomo, zinc, cobalto o manganeso se deben a la ‘condición geológica de la zona’. La Contraloría, sin embargo, no aceptó esas justificaciones, pues señaló que los valores reportados por la misma Lundin Gold en otros periodos fueron mayores.

Las concentraciones de plomo y cobalto sobre los de la línea base podrían ocasionar bioacumulación en los tejidos de organismos vivos y son perjudiciales para el ser humano”, advierte el informe de la Contraloría.

También reveló esa entidad que había la presencia de fenoles monohídricos, un ácido fénico que en altas concentraciones puede provocar vómitos o irritación respiratoria. La compañía minera atribuyó los fenoles a las “actividades agrícolas en la zona”.

El vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, Nathan Monash, dijo que el informe es ‘preliminar’, que la Contraloría “no es una entidad con competencias en materia ambiental” y que la línea base es un valor referencial “y no puede ser considerado un límite máximo”.

El agua que utilizan –10 litros por segundo– se recicla, agregó el directivo al detallar que la minera tiene 30 concesiones metálicas en el país y cubre un área de 64.515 hectáreas, la mayoría en Zamora. El año pasado, mencionó, la minera pagó $ 1,9 millones en patentes por las concesiones.

El proyecto Fruta del Norte se desarrolla en la concesión La Zarza, de 4627 hectáreas, una zona con clima lluvioso.

Desviamos el agua para que no entre a la zona de operación, cualquier agua que tenga contacto con Fruta del Norte pasa por un tratamiento y se devuelve el agua al río en mejores condiciones”, afirmó Monash.

Pero ambientalistas como Ivonne Ramos, de la organización Acción Ecológica, aseguran que por más tratamiento que se le dé al agua, ésta se junta con elementos tóxicos y queda contaminada a perpetuidad. El agua también se afecta por un proceso llamado ‘drenaje ácido de minas’, agrega Ramos.

“Ocurre cuando sacas todas las rocas del subsuelo y la expones al agua, al aire; esa agua de alguna manera va a llegar al río, por agua lluvia, lo que sea, porque estamos hablando de que cada día se va a triturar y procesar 3.500 toneladas, es un montón de roca que sale del subsuelo”, advierte.

La afectación del agua es el mayor temor de comuneros como Betty Castillo. “Nos preocupa que perforen cerca del río (El Zarza). Las comunidades no vamos a permitir que nos contaminen las quebradas”, dice esta emprendedora, de 68 años, que migró a España tras la crisis bancaria en el 2000, pero retornó en el 2005 para apostarle al turismo comunitario en Yantzaza, o Valle de Luciérnagas, por su nombre shuar.

Sobre los recursos hídricos, la Contraloría también objetó que en la negociación del contrato entre el Estado y Lundin Gold, en el 2016, no se incluyó un certificado de posibles daños a los cuerpos de agua. Ni el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables ni Lundin Gold proporcionaron el contrato de explotación.

El agua que captó Lundin para sus operaciones en el periodo que examinó la Contraloría provino de algunos sitios no autorizados, concluye el informe. Además, se señala que no se obtuvo permisos de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) para el uso de este recurso en la construcción de una relavera o depósito de desechos mineros, y que tampoco se renovaron permisos.

“La gente quiere tener agua segura, sin contaminación”, dice Luis Suárez, director de Conservación Internacional, entidad que desarrolla cuatro proyectos para Lundin Gold, por unos $ 300.000 al año, entre ellos, detalla, planificación territorial, conservación de ecosistemas, producción agrícola y educación ambiental.

Otras dos preocupaciones de las comunidades, dice Suárez, es el manejo adecuado de los desechos y los bosques. Sobre estos dos temas, la Contraloría también señaló irregularidades en el proyecto Fruta del Norte. En el primer caso porque Lundin Gold entregó 82.857 kilos de desechos peligrosos a una empresa que no tenía autorización ambiental para el tratamiento y la disposición final de los desperdicios.

Y en el segundo caso, porque la concesionaria minera no cumplió con el análisis de suelo antes de realizar la revegetación de 1436 plantas nativas rescatadas de cuatro bancos de escombros. La falta de este análisis, concluye el informe, “permitió que el porcentaje de mortalidad de especies sea alto” en árboles de 15 y 10 metros.

Depósitos de desechos se deben monitear

El proyecto Fruta del Norte generará, según cálculos de investigadores en base a la producción minera, unos 13,4 millones de toneladas de desechos contaminantes, producto de la extracción del material en la mina durante los años de operación.

Estos residuos tóxicos, que se depositan en las llamadas presas de relaves o relaveras, podrían filtrar hasta aguas subterráneas y contaminarlas, explica Ivonne Ramos, de la organización Acción Ecológica.

El mayor riesgo es el colapso de estos depósitos, como ocurrió el año pasado en Brumadinho, Brasil, donde además de la contaminación hubo 300 muertos.

De hecho, el geólogo Pablo Duque explica que hay un alto riesgo de un colapso, debido a que la zona del proyecto tiene condiciones “fuertemente sísmica, la pluviosidad (lluvias) es intensa y el riesgo por movimientos en masa alto. Por otro lado, las presas de relaves son intrínsecamente poco estables, requieren valles amplios y poco profundos, roca dura y poco tectonizada».

En tanto, Luis Suárez, director de Conservación Internacional, refiere que «el Estado tiene que establecer garantías de que el cierre de la mina se hará de manera apropiada”. Otros expertos piden monitoreos y mantenimiento.

Puente colapsado, cierre de escuelas, migración de su gente, en última década

El puente que conectaba a la parroquia Los Encuentros, del cantón Yantzaza de Zamora Chinchipe, con 18 comunidades colapsó hace nueve días, tras el paso de volquetas que se dirigían al proyecto minero Fruta del Norte, concesionado por el Estado a Lundin Gold, firma que tras el desplome anunció que financiará un nuevo paso.

Pasaban volquetas desde las tres (am) hasta la medianoche”, cuenta el dirigente Jaime Tinizaray.

Él junto a otros pobladores creen que el proyecto cambió su entorno, salud y la vida de su gente, en la última década. Otros se lo atribuyen a la falta de servicios básicos y plazas laborales.

La polvareda que se levantaba con el paso de estos vehículos afectó la salud de los vecinos. En las familias del barrio El Zarza, donde habitan 103 comuneros, se identificó un aumento de afecciones respiratorias, en la piel, ojos y hasta alteraciones emocionales, según el libro Fruta del Norte, la manzana de la discordia, de los investigadores Fernanda Soliz, Alía Yépez y William Sacher.

En cambio, Kelly Montaño, presidenta de Los Encuentros, cree que las enfermedades se dan en su mayoría por la falta de servicios básicos. La gente, asegura, bota sus desechos a quebradas y usan esa agua.

Otras problemáticas que cuentan sus habitantes y también se reseña en el libro es el cierre de al menos cuatro escuelas entre el 2010 y 2015. Quedaron escuelas, como las ubicadas en los barrios San Antonio, Santa Lucía, La Libertad y Jardín del Cóndor, sin sus alumnos.

La falta de empleo y oportunidades laborales, a causa de la prohibición de la minería artesanal en zonas que fueron concesionadas al proyecto, obligaron a los vecinos a migrar a la cabecera parroquial, al cantón Yantzaza, dejando barrios ‘fantasmas’.

En Zarza, por ejemplo, quedan la mitad de su gente, comenta Miguel López, presidente del barrio Zarza. La comunidad El Playón casi ha desaparecido, habitan solo dos familias; en San Antonio, de las 40 personas quedan 10. «Muchos vendieron sus tierras a la empresa a precios irrisorios, nosotros no quisimos vender», cuenta Segundo Tocto, uno de los pocos que quedan en el barrio San Antonio y que antes se dedicaba a la minería artesanal: «nos cerraron los molinos, no podemos explotar en nuestra propia finca, porque como ellos están concesionados, no nos dejan hacer nada».

A esto se suma el pedido de trabajo que replican los comuneros a la firma Lundin Gold, minera que afirma que el 50% de sus trabajadores son de la provincia de Zamora Chinchipe.

Además, según el vicepresidente Nathan Monash, se pagó el bachillerato a 200 personas, de 22 a 70 años; y a otros 300 los capacitaron para operar maquinaria. A cada estudiante le proporcionaron, según el empresario, una remuneración para que se dediquen a sus estudios.

No podemos cumplir con las expectativas de cada persona”, dice Nathan Monash, vicepresidente de la minera Lundin Gold.

Monash añade que le compraron a empresas de la provincia unos $60 millones en bienes y servicios en la fase de construcción, del 2017 al 2019.