Una sentencia ejecutoriada podría cambiar el criterio de la Interpol para la captura de Rafael Correa.

Un presentimiento, una recomendación o un sentimiento de culpa; nadie lo sabe. Lo cierto es que antes de que se efectúe la audiencia de casación del caso ‘Sobornos 2012 – 2016’, tres de los sentenciados dejaron de cumplir con las medidas cautelares dispuestas por la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Se trata de la asambleísta Viviana Bonilla, de su coordinador de campaña a la alcaldía de Guayaquil; Christian Viteri -el paradero de ambos es incierto- y de María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte, quien está refugiada en la Embajada de Argentina.

Los tres fueron sentenciados a ocho años de cárcel en calidad de coautores del delito de cohecho. El expresidente Rafael Correa y sus exministros, Vinicio Alvarado y Walter Solís, figuran como prófugos de la justicia. Sobre ellos pesan órdenes de prisión que no se han cumplido por ausencia.

¿Cuál es el proceso?

El constitucionalista Emilio Suárez explicó que luego de que la sentencia quede ejecutoriada, le corresponde a la CNJ hacer un nuevo pedido a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que oficie la localización y captura de los procesados. Para el caso de Correa, la Interpol ya ha negado solicitudes de captura para hacer efectiva una orden de prisión preventiva por el secuestro del político Fernando Balda.

Sin embargo, Suárez cree que con una sentencia ejecutoriada por cohecho la suerte será distinta. “Su situación jurídica pasó de una prisión preventiva a la ejecución de una sentencia. Lo que procede es que se vuelva a insistir a la Interpol para que lo capturen internacionalmente y cumpla la pena en Ecuador”, explicó.

Mauricio Gándara, excanciller del Ecuador, coincidió con Suárez. Dijo que solo la Interpol el órgano encargado de oficializar la captura de los prófugos, aunque no mira con optimismo que esto llegue a cristalizarse, pues, para él, el caso tiene un contexto político. “La Interpol es cuidadosa en no intervenir en cuestiones que puedan tener un tinte político”, dijo el diplomático.

Agregó que poco es lo que se puede hacer desde Cancillería, pues no es un ente competente para pedir arrestos.

El voto salvado no afecta a la sentencia

La resolución del Tribunal de Casación que se leyó el lunes tuvo un voto salvado. Esto quiere decir que uno de los jueces no estuvo de acuerdo con parte de la sentencia. Esto, dijo el constitucionalista Emilio Suárez, no abre la puerta a que los acusados puedan interponer recursos en la Corte Constitucional o a nivel internacional. “Es solamente el criterio de uno de los tres jueces. La decisión que tiene efectos jurídicos es la de mayoría”. El experto agregó, además, que el voto salvado del conjuez Milton Ávila no debilita la sentencia, desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, desde un discurso político, agregó, esto puede tomarse como una discrepancia que no genera consecuencias positivas o negativas al fallo.