El plazo y las condiciones marcan el camino para el trato. Expertos dicen que el lapso sería entre 12 meses y tres años. En marzo de 2019 Ecuador firmó un programa de financiamiento, por tres años, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros siete multilaterales.

La llegada de la pandemia trastocó los planes y ese acuerdo quedó sin efecto cuando el país accedió a un préstamo de emergencia por $643 millones, en abril de este año.

Ahora, con un Gobierno en retirada y sin dinero ni para pagar la nómina del sector público, se acaba el tiempo para firmar un nuevo acuerdo con el FMI, que no solo mantenga abiertas las puertas de más financiamiento de los multilaterales,sino que también avale la concreción definitiva del plan de reestructuración de pagos con los tenedores de bonos.

Las autoridades nacionales, en este sentido, se ven enfrentadas a dos grandes dilemas: qué plazo es el indicado y a qué se puede comprometer el país en medio de la actual crisis.

Determinación

Mauricio Pozo, exministro de Economía, explicó que, a pesar de que al Gobierno del presidente, Lenín Moreno, le quedan pocos meses, la mejor opción es lograr un acuerdo de mediano plazo, es decir, de alrededor de tres años.

“El FMI está abierto a ese tipo de entendimiento, aunque eso signifique dejar compromisos pendientes al próximo presidente, sin tener certezas de quién será.

En el exterior se espera que el país firme un acuerdo a mayor plazo para asegurar que se tendrá dinero para cumplir con las obligaciones de pago en los siguientes años”, dijo.

Por su parte, Santiago García, economista y docente de la Universidad Central del Ecuador (UCE), comentó que no tiene sentido ni viabilidad política un programa que comprometa al próximo gobierno.

Por eso, lo único posible es la firma de un ‘stand-by’ o acuerdo de corto término (máximo 12 meses), que solo implique el cumplimiento de pocas metas en el manejo adecuado del gasto público y el sector externo.

“La actual administración tiene nulo peso político para emprender reformas estructurales, que son un requisito de los acuerdos a mayor plazo. Ni siquiera ha podido llevar a cabo cambios en los ámbitos laborales y financieros”, aseveró García.

Además, aseguró que no habría problemas con los tenedores de bonos, siempre y cuando el FMI deje la puerta abierta para firma un acuerdo a más largo plazo con el Gobierno, que asumiría en mayo 2021.

¿A qué se puede comprometer?

Las metas dentro del nuevo acuerdo deberán ser menores que las establecidas antes de la pandemia. En otras palabras, el FMI exigirá reducir el déficit en el presupuesto, pero se deberá tomar en cuenta que los ingresos tributarios y petroleros caerán en casi $5.000 millones; y hay poco margen de maniobra para eliminar más gastos.

Según Pozo, también se aplazaría, por mucho más tiempo, la reducción de la proporción deuda/PIB, porque el país va a tener que seguir endeudándose. En el caso de las reformas estructurales, la clave sería establecer claramente a qué se pueden comprometer este y el próximo Gobierno en temas laborales, financieros, seguridad social, entre otros.

Otras metas -que podrían incluirse- son el incremento del monto de las reservas internacionales, mayor independencia del Banco Central y continuar con la reducción del gasto en subsidio de los combustibles.

Monto máximo tras acuerdo Richard Martínez, ministro de Economía, explicó hace un par de semanas que para cerrar este año se necesitarán $4.000 millones más de nueva deuda. Por eso, el Gobierno trabaja contrarreloj en varios frentes.

Monto máximo tras acuerdo Richard Martínez, ministro de Economía, explicó hace un par de semanas que para cerrar este año se necesitarán $4.000 millones más de nueva deuda. Por eso, el Gobierno trabaja contrarreloj en varios frentes.