El 20 de mayo el presidente Lenín Moreno anunció el cierre de la Secretaría Anticorrupción. Con esta decisión, dijo Moreno, ratificaba su total confianza en el trabajo de la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura.

Moreno aseguró que mientras existió esta entidad hizo un “buen trabajo”.

Mediante decretos, eliminó otras 10 empresas públicas. Los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, Correos del Ecuador, Ferrocarriles del Ecuador, Desarrollo Estratégico, Medios Públicos, Siembra, Tame, Unidad Nacional de Almacenamiento, Servicio de Contratación de Obras e Inmobiliar.

Moreno dijo que desde el inicio de su mandato vio a sus excompañeros del gobierno anterior involucrados en casos de corrupción y tomó decisiones para combatir lo que llamó “este terrible mal”.

La primera, según Moreno, fue regresar la libertad a los medios de comunicación para que puedan hacer su trabajo sin un gobierno perseguidor. Eso ha permitido, dijo Moreno, que varias de las denuncias de casos de corrupción durante su gobierno nazcan de medios de comunicación que tienen “libertad para hacer su trabajo”.

En su intervención, el Presidente recordó que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio nombró mediante “concursos que se sometieron al escrutinio público” a las autoridades de control. Destacó el trabajo de la Fiscal General, Diana Salazar, el Procurador, Íñigo Salvador, y del Contralor, Pablo Celi.

Son ellos, dijo Moreno, quienes por ley pueden recuperar el dinero robado por la corrupción. “Al Ejecutivo no le corresponde ese trabajo”, recalcó. Según el Presidente, su trabajo es abrir las puertas a las investigaciones y “pedir una paso al costado de los funcionarios cuando las denuncias sean fundamentadas”.

El presidente Moreno dijo que el exsecretario Anticorrupción, Iván Granda, presentó dos anteproyectos de ley a la Asamblea en septiembre y octubre de 2019. Uno fue el de la Ley de Extinción de Dominio Público y el otro permitiría la creación de jueces penales anticorrupción.

Moreno dijo que todavía no han sido tratados por el Legislativo, pero que espera que se aprueben pronto porque facilitarían que los jueces y la Fiscalía recuperen el dinero robado.

No es sencillo “frenar contra la podredumbre de la corrupción”, admitió Moreno. Dijo que él mismo le pidió la renuncia a dos de sus vicepresidentes cuando fue necesario y que durante su gobierno se presentaron 1.500 denuncias contra el anterior. Según el presidente Moreno, hasta el momento, hay un expresidente procesado y sentenciado, 2 exvicepresidentes sentenciados, 17 altos funcionarios prófugos y 22 presos o con medidas sustitutivas.

Además, dijo Moreno, se han denunciado intentos de corrupción durante su mandato. Citó el ejemplo de suplantadores de identidad descubiertos por el Ministerio de Economía y la Fiscalía. “Así un sinnúmero de causas que aguantan investigaciones penales”, dijo Moreno, pero no mencionó ninguno de los casos recientes revelados durante la pandemia.

Moreno le pidió a la Fiscalía que investigue y acuse “con toda libertad a quien debe acusar”. A los jueces les dijo que “juzguen con independencia lo que dicte la ley y su consciencia”. Según el presidente Moreno, la corrupción en Ecuador debe combatirse “caiga quien caiga”.

El Presidente dijo que por eso el 5 de mayo firmó el decreto 1033 que es una “solución permanente” para las décadas de corrupción en el sistema de Salud. El decreto establece un proceso de compra unificada y permitirá conocer el recorrido de los medicamentos desde su prescripción hasta que llegan a manos del paciente.

Como la corrupción no se detiene “ni siquiera en el peor momento”, Moreno dijo que enviaría ese mismo día dos modificaciones legales a la Asamblea que serán “fundamentales para evitar la corrupción durante la emergencia”.

Con todas las funciones del Estado crearon un plan para reformar las compras públicas durante la crisis y acelerar la recuperación de los activos robados.

Según Moreno, el Contralor General será el encargado de juntar todas las iniciativas que faciliten la condena de los involucrados y la repatriación del dinero.