Los "sableros" o mineros informales están atrapados entre la pobreza y la violencia en lugares como Camilo Ponce Enríquez.

“Aquí todo el mundo sabe que hay lavado, se sabe quién lava, dónde tienen la plata de dónde la sacan y a dónde la llevan, pero no se puede hablar de eso”, asegura Javier (nombre protegido) un minero ilegal del sur del país.

Y no se habla del tema por dos razones: porque en la zona donde vive y trabaja casi todos reciben indirectamente parte del dinero lavado y porque “los riesgos de abrir la boca pueden llevar a la muerte”.

Durante 2019, en Camilo Ponce Enríquez hubo seis muertes violentas, lo que es considerable para una población de 20.000 habitantes, mientras que Cuenca, registró 2,3 muertes por cada 100.000 habitantes.

El último ataque a un minero en ese cantón se registró el 26 de agosto del 2019, fue a Hitler Elizalde quien fue maniatado, torturado y asesinado por desconocidos.

Su cuerpo fue abandonado en la vía que conduce a Machala, según informes de la Policía Nacional.

En Camilo Ponce Enríquez, un cantón que vive de la minería en todas sus formas, la percepción también dicta que “es mejor quedarse callados”. Lo dice Mario Castillo, uno de los comerciantes informales de la zona quien advierte que hacer preguntas puede salir “muy caro”.

Las bandas criminales que operan en Camilo Ponce Enríquez no le temen al poder. Lenin Bermeo, minero y hermano del actual alcalde del cantón, Baldor Bermeo, fue asesinado en 2013 durante un presunto robo.

Fue el primero de ocho casos similares ocurridos ese año. Otra víctima fue Arturo León, esposo de una de las concejalas de Ponce Enríquez, quien recibió una mortal puñalada por motivos que aún se investigan.

Ilegalidad

El Acuerdo Minero del gobierno de Rafael Correa deriivó en la Ley de Minería del Ecuador de 2009, en la que se tipificaba por primera vez a la minería ilegal.

El abogado Santiago Maldonado explica que esta actividad era sancionada con el decomiso de bienes. No fue hasta 2014 cuando se la incluyó en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como un delito.

El analista en temas mineros, Miguel Parra, dice que más allá de afectar a los pequeños mineros, el Acuerdo y Ley de Minería organizó a un sector que antes estaba “inmerso en la informalidad”.

Las acciones para que la pequeña minería sea legal están a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), pero esta entidad presenta fallas en los procesos de adjudicación de concesiones según informes de la Contraloría.

De acuerdo con el informe DPA-0002-2019 del 17 de julio del 2019, entre octubre de 2017 y agosto de 2018, en el Azuay, se llevaron a cabo actividades mineras en concesiones que “debían considerarse en caducidad”.

Hubo deficiencias en la inscripción, cancelación y control de contratos de operación y participación, se otorgaron concesiones mineras sin cumplir con los requisitos sobre áreas caducadas o reservadas por otros peticionarios, explica el informe firmado por Diego Espinosa, director provincial de la Contraloría.

Todos estos vacíos alimentan, según los mineros no legalizados, la proliferación de “sableros” que es como se denomina a los mineros ilegales. Pero ellos son la última pieza de un sistema millonario y quizá la parte más precarizada.

En Zaruma y Portovelo los sableros arriesgan su vida en minas en las que no entra oxígeno. Ingresan mordiendo largas mangueras de caucho para respirar mientras buscan oro. También irrumpen en concesiones legales para robar material aurífero.

Incluso algunos “sableros” piden trabajo en empresas formales e ingieren pequeños pedazos de oro para luego “procesarlos” en su organismo y quedarse con un poco del mineral. Javier tiene 43 años y no sabe hacer otra cosa que “sablear”, pues ha trabajado en las minas desde que tenía 17 años.

Recuerda que, en una ocasión, de un solo saco de material logró obtener oro por 1.000 dólares. “Hay gente que ha comprado carros, casas, que antes no tenía nada”, asegura.

El analista Parra afirma que, si bien la minería ilegal es una práctica normalizada en estos centros mineros, “no deja de ser un delito que atrae otros ilícitos”. Según la Fiscalía, hay procesos en contra de presuntos mineros ilegales por otro tipo de ilegalidades que incluyen estafas, robos y asesinatos.

Este trabajo se publicó originalmente en Primicias.ec y se realizó por el periodista de El Mercurio, John Machado, con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Americas (ICFJ) y Connectas.